4. AUSTERIDAD REPUBLICANA y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

El primer gobierno de la 4T ha sido exitoso en mejorar el gasto público a través de dos acciones: la lucha contra la corrupción y la austeridad republicana. Todavía falta mucho camino por recorrer en ambas direcciones, pese a que lo logrado en el sexenio 2018 - 2024 ha sido notable. El segundo gobierno de la 4T deberá emprender nuevas maneras de conseguir fondos públicos para profundizar sus programas de inversión pública y gastos sociales. Una de estas maneras es el combate a la corrupción y la austeridad republicana.

La corrupción implica la ausencia de controles institucionales, políticos y sociales que frenen el abuso de poder. Sin embargo, el poder no siempre aparece formalmente instituido, los auténticos poderes, muchas veces, no se ubican en las instituciones de la división tripartita tradicional sino en poderes que habitan, se producen y reproducen fuera de las instituciones. Nos referimos a los poderes fácticos, los cuales, en complicidad con los poderes formalmente establecidos, socavan vertiginosamente la credibilidad institucional.

 

Concebimos a la “corrupción estructural” como una forma específica de dominación social sustentada en un diferencial de poder estructural en la que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía. La corrupción es histórica y sus prácticas concretas adquieren una gran variedad de modalidades que emergen con más claridad en aquellos periodos en los cuales la relación Estado-Sociedad opera deficientemente y en contra de los más elementales principios de justicia y legitimidad que tendrían que caracterizar esta interacción.

En la actualidad, mientras que algunos ejemplos de corrupción incluyen conductas ilícitas y delincuenciales, otras prácticas asociadas a este fenómeno pueden ser de perfecta legalidad, pero de cuestionable moralidad. En ese sentido, la corrupción estructural no debe verse reducida solo a un enfoque normativo o legalista, sino como una forma específica de dominación social. Y ésta bien puede emerger del Estado o del Mercado sin ninguna relevancia para efectos de su definición como corrupción.

 

Los verdaderos problemas de la corrupción bajan de los más altos niveles de la pirámide social y no provienen únicamente de los estratos sociales y económicos bajos. La corrupción no es un problema de servidores públicos de ventanilla llenando sus bolsillos a expensas del ciudadano común. Tampoco su combate tendría que enfocarse principalmente en estrategias de re-educación, o “transformación cultural”. La corrupción es un problema estructural que requiere de soluciones igualmente estructurales.

Los problemas más graves de la corrupción surgen de la captura del Estado por parte de intereses económicos rentistas y, por otro lado, de la estructura política piramidal sobre la que funciona la corrupción institucionalizada y a través de la cual los burócratas se ven forzados a extorsionar a los ciudadanos por inercias políticas y organizacionales. En otras palabras, los problemas más acuciantes de la corrupción emergen no del Estado, sino de fuera de él. Y son precisamente tales márgenes los que se han ido ampliando cada vez más como resultado de las tendencias privatizadoras en el manejo de los asuntos públicos.

 

En lo que se refiere a la austeridad republicana, en el segundo gobierno de la 4T no bastará lo que se ha hecho hasta este momento: reducir salarios de altos servidores públicos, reducir gastos suntuarios en los diversos ámbitos del estado, suprimir gastos públicos que no son imprescindibles (por ejemplo, el flujo de dinero estatal a los medios de comunicación o el presupuesto que tenía la Presidencia de la República). Proponemos que se empiece a examinar la posible duplicidad que podrían tener diversas secretarías de Estado y que podrían fusionarse originando con ello un ahorro significativo en el gasto público:

- Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina; 

- Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

- Secretaría de Economía y Secretaría de Energía además de Secretaría de Turismo;

- Secretaría de Salud y Secretaría del Bienestar;

- Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura; 

- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano.

En síntesis, bajar de 19 secretarías de Estado a 12.

1

Ciudadanizar la lucha contra la corrupción a través de la creación de un “Cuarto Poder Ciudadano” que sustituya al Sistema Nacional Anticorrupción


2

Aprobar la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés


3

Promover la profesionalización y la gestión eficiente de los recursos humanos


4

Servicio Profesional con Perspectiva de Género


5

Implementar los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales


6

Fortalecimiento de ética e integridad pública y prevención de los conflictos de interés


7

Promover la austeridad republicana para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión pública


8

Licitaciones Públicas en línea y con control social


9

Contrataciones Públicas sin corrupción y castigo a contratistas abusivos


10

Legislar sobre alertadores internos y externos de la corrupción


11

Institucionalizar el Padrón de integridad empresarial


12

Programas Ciudadanos de Seguimiento a Obra Pública.


13

Desburocratización total de tramites ciudadanos.


14

Disminución de 19 a 12 secretarías de Estado y sustitución de la actual Ley orgánica de la Administración Pública Federal vigente por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Federal


15

Prohibir fideicomisos con recursos públicos en materias de educación, salud y seguridad social e implementar una estrategia de transparencia proactiva, monitoreo y vigilancia ciudadana que fortalezca la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos operados a través de estos instrumentos para combatir la opacidad, la corrupción y la impunidad

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