En todos los tonos y en los foros internacionales de mayor influencia se ha advertido que el extractivismo de ciertos recursos naturales atenta contra la vida humana y la de la naturaleza pintando como sequía sino saqueo. Muy especialmente en el caso del agua. En el curso del neoliberalismo, su extracción para convertirla en una mercancía una vez embotellada se convirtió en uno de los engaños mercantiles más escandalosos y en un ataque inmisericorde a numerosas comunidades, así como en graves alteraciones ecológicas, que se suman a otras causas cuyo efecto es la incontenible –hasta ahora–destrucción del planeta.

Esas advertencias parecen dejar en la total indiferencia a las autoridades de los diferentes niveles en nuestro país. Sin embargo, el propio Presidente de la República lanzó una crítica a los embotelladores de cerveza y gaseosas en el norte del país, señalando que no se debía producir industrialmente líquidos donde escasea el agua y les señaló una alternativa: moverse hacia el sur donde la hay en abundancia. ¿Le hicieron el menor caso los embotelladores? Ninguno y tampoco el gobierno estatal o municipal dio respuesta positiva a ese planteamiento. Y en esos lugares, la gente sufre por no disponer de agua para sus necesidades más elementales.

Conagua, por otro lado, no parece estar a la altura de la racionalidad que exige la administración de las fuentes de aprovisionamiento del vital líquido. Ni siquiera contamos los mexicanos con el resultado de una rigurosa auditoría de esas fuentes y de la manera en que se distribuye su capacidad. El problema la está urgiendo, así como un tratamiento integral del mismo, pero hasta ahora no ha sido motivo para que el Congreso de la Unión se pronuncie al respecto.

Ese problema se agrava cuando el gobierno estatal o municipal no toman las medidas adecuadas para resolverlo o, peor, al decidir, como en Querétaro, privatizar un servicio público, que por ley no debiera dejar de serlo para convertirlo en un negocio de particulares. Como si no hubiera experiencias negativas en ese sentido. A pesar del estruendoso fracaso del mercado para resolver problemas sociales, el gobierno queretano aplica el mismo criterio que empleó la oposición en contra de la reforma eléctrica. Y también se trata de la misma historia. La lógica del lucro es contraria a la lógica de la satisfacción de las necesitades comunitarias. Cuando ciertos servicios públicos han estado en manos de empresas privadas, el servicio se torna discriminatorio en perjuicio de los usuarios, y sobre todo de los grupos marginados de la sociedad que no logran obtenerlos.

Lo único que hacen las medidas privatizadoras, en su afán de tonificar el neoliberalismo depredador y rapaz, es crear condiciones para ahondar los males sociales que nos atenazan; entre ellos la violencia explícita y la violencia sorda que se oculta en cada acción que choca con una de las necesidades más apremiantes en todo el mundo: la de dar garantía al derecho humano al agua.

Llamamos al gobierno de Querétaro, en particular al Congreso del estado, así como a las instituciones y grupos organizados de ese ese estado a luchar para revertir tal medida.